Trump presiona a ciudades santuario con fondos federales por colaborar con ICE
Publicado el16/07/2026 a las 08:27
- Fresno perdería fondos federales.
- Trump presiona ciudades santuario.
- Fiscalía prepara nueva demanda.
La disputa entre la administración de Donald Trump y las ciudades consideradas «santuario» suma un nuevo capítulo.
En Fresno, California, la posible pérdida de fondos federales afectaría recursos utilizados para procesar pruebas en investigaciones de agresión sexual.
El fiscal de la ciudad de Fresno, Andrew Janz, criticó duramente la decisión de la administración Trump de amenazar con retirar subvenciones federales destinadas a la ciudad.
Trump presiona a ciudades santuario con fondos federales
Cities that don’t allow ICE enforcement stand to lose federal funds for rape kits, police, and emergency services, Trump’s DOJ threatens. https://t.co/yQu334148C
— USA TODAY (@USATODAY) July 16, 2026
Según explicó, esos recursos permiten procesar kits de pruebas de violación utilizados en investigaciones criminales.
Janz aseguró que vincular esos fondos con la cooperación en materia migratoria perjudica directamente a las víctimas.
«La justicia para las víctimas no debería politizarse. No tiene nada que ver con la aplicación de las leyes de inmigración», declaró Janz a USA TODAY.
La presión federal obliga a las ciudades a elegir entre fondos o cooperación con ICE
El caso de Fresno es el ejemplo más reciente de la estrategia impulsada por la administración Trump contra las denominadas jurisdicciones santuario.
El gobierno federal busca que ciudades y condados firmen acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La principal herramienta utilizada para lograrlo es el condicionamiento de subvenciones federales destinadas a programas locales.
Las autoridades municipales enfrentan ahora tres posibles caminos: renunciar a los fondos, aceptar los acuerdos con ICE o acudir a los tribunales.
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En Santa Cruz, California, la ciudad sostuvo en una demanda que dejaría de recibir recursos para adquirir chalecos antibalas destinados a la policía.
Incluso, en Beaverton, Oregón, la consecuencia sería la pérdida de financiamiento para ambulancias utilizadas por los paramédicos.
En Fresno, la preocupación se centra en los fondos destinados al procesamiento de kits de pruebas de agresión sexual.
Las autoridades locales consideran que esos programas son servicios esenciales que no deberían depender de la política migratoria federal.
Fresno anticipa otra batalla judicial contra el Departamento de Justicia
Andrew Janz afirmó que la ciudad está preparada para volver a demandar al gobierno federal.
Fresno ya mantiene litigios relacionados con otras subvenciones bloqueadas durante la campaña de la administración contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
«El Departamento de Justicia lanzó un dardo de advertencia, y nosotros respondimos con otro», dijo Janz.
El conflicto también se replica en otras ciudades del país.
El condado de Los Ángeles anunció que renunciará a diversas subvenciones federales.
En Miami, la adhesión al programa de cooperación con ICE provocó críticas de residentes.
Mientras tanto, ciudades como Seattle y San Diego también impulsan acciones legales relacionadas con estas políticas.
En octubre, el Departamento de Justicia identificó a 12 estados, 18 ciudades y tres condados que, según sostuvo, obstaculizan significativamente la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Entre las prácticas cuestionadas figuran la negativa a compartir información con ICE, retener personas para la agencia o facilitar el acceso de sus agentes a cárceles locales.
Fallos judiciales frenan los intentos de condicionar las subvenciones
El pasado 9 de julio, un juez federal de California emitió un fallo favorable para Fresno y otras ciudades.
El juez William Orrick concluyó que el gobierno federal no podía retener subvenciones destinadas a seguridad pública para ciudades de California y Oregón.
La resolución sostuvo que las condiciones impuestas por la administración Trump excedían las facultades del Ejecutivo.
En una decisión de 68 páginas, Orrick afirmó que las exigencias vinculadas a las subvenciones «no tienen nada que ver con el propósito del Congreso ni lo contradicen».
El magistrado también señaló que existe un interés público en que las comunidades reciban financiamiento para infraestructura crítica e iniciativas de seguridad pública.
Añadió que esos recursos provienen de los impuestos federales pagados por los ciudadanos.
No es la primera vez que Orrick falla en ese sentido.
El año pasado determinó que la administración Trump tampoco podía negar fondos federales a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades por su falta de cooperación con el control migratorio.
El juez ya había emitido una resolución similar en 2017, durante el primer mandato de Donald Trump.