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Proyecto Florence busca bloquear deportaciones aceleradas

Proyecto Florence pide a una corte federal frenar el traslado de 108 niños migrantes en Arizona por temor a deportaciones aceleradas.
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Proyecto Florence busca bloquear deportaciones aceleradas
  • Demandan proteger menores migrantes
  • Buscan frenar traslados
  • Alegan violación procesal

El Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados presentó una petición legal para impedir que el gobierno federal traslade a 108 niños migrantes no acompañados desde Arizona hacia Texas y Luisiana.

Por qué importa: La organización sostiene que el traslado podría alejarlos de sus representantes legales y facilitar un proceso acelerado de deportación.

El Proyecto Florence presentó el recurso ante una corte federal en Tucson para frenar cualquier intento del gobierno de trasladar a los menores que actualmente permanecen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

De igual manera, informó que la acción legal busca proteger a los menores mientras continúan sus procesos migratorios.

La organización presentó un recurso de habeas corpus para evitar que sean sacados de Arizona.

El caso de los niños migrantes llega a la Corte Federal

Los 108 menores permanecen bajo la custodia de la ORR en ese estado.

Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses.

El menor es ciudadano de Estados Unidos.

Actualmente permanece bajo custodia junto a sus padres.

La petición fue presentada el pasado lunes ante la Corte Federal en Tucson.

El objetivo es impedir que la administración del presidente Donald Trump traslade a los menores fuera de Arizona.

Demanda busca mantener a los menores cerca de sus representantes legales

Según el Proyecto Florence, el traslado afectaría el acceso de los niños a sus representantes legales.

La organización considera que moverlos fuera del estado podría afectar el debido proceso.

La información sobre un posible traslado motivó la presentación del recurso judicial.

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El grupo señaló que actuó tras conocer información que calificó como fidedigna.

También citó reportajes de medios de comunicación.

De acuerdo con la organización, esos informes indican que el gobierno planea intentar eludir el debido proceso.

El Proyecto Florence afirmó que el plan representa una nueva amenaza para los derechos de los menores.

Además, sostuvo que forma parte de una serie de acciones que ponen en riesgo la seguridad de niños inmigrantes no acompañados.

Organización denuncia un intento de eludir el debido proceso

La subdirectora del Proyecto Florence, Roxana Avila-Cimpeanu, criticó el presunto plan.

La organización difundió sus declaraciones mediante un comunicado.

«Menos de un año después de intentar expulsar a niños hacia Guatemala en contra de su voluntad y violando sus derechos, la Administración Trump ataca nuevamente a los niños inmigrantes no acompañados mediante un plan ilegal para eludir el debido proceso y acelerar las deportaciones», declaró.

Avila-Cimpeanu sostuvo que la legislación federal establece límites sobre el trato que deben recibir estos menores.

Afirmó que no pueden ser utilizados como parte de un sistema de control migratorio.

También aseguró que la petición presentada busca únicamente que se respete la ley vigente.

«Con esta petición, simplemente solicitamos al tribunal que garantice que el gobierno cumpla con esa norma», enfatizó.

Proyecto Florence recuerda un precedente judicial de 2025

La organización recordó un caso similar ocurrido el año pasado.

En septiembre de 2025, un juez federal resolvió una demanda impulsada por el propio Proyecto Florence.

Esa decisión benefició a 57 niños migrantes originarios de Guatemala y Honduras.

El tribunal determinó entonces que esos menores no podían ser deportados.

El Proyecto Florence presentó esa demanda bajo argumentos similares.

La organización considera que ese antecedente demuestra la importancia de la intervención judicial.

Ahora busca una protección equivalente para los 108 menores que permanecen en Arizona.

El caso quedará en manos de la Corte Federal en Tucson, que deberá analizar la petición presentada para impedir cualquier traslado fuera del estado mientras continúa el proceso legal.