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Juez prohíbe arrestos de ICE en cortes migratorias

Los arrestos de ICE en tribunales de inmigración fueron bloqueados a nivel nacional por un juez federal, siendo un nuevo revés para Trump.
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Juez prohíbe arrestos de ICE en cortes migratorias
  • Juez limita arrestos de ICE
  • Revés judicial para Trump
  • Caso podría llegar a Corte

La política de arrestos migratorios dentro de los tribunales de inmigración sufrió un importante revés este martes.

Un juez federal en California amplió a todo Estados Unidos una prohibición que impide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar detenciones en estos recintos.

La decisión representa un golpe para la estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, que desde el año pasado eliminó diversas restricciones sobre los lugares donde podían realizarse arrestos migratorios.

El juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, decidió ampliar una orden emitida en diciembre pasado que originalmente solo aplicaba a una parte de California.

Arrestos de ICE quedan bloqueados nacionalmente

La medida impide que oficiales de ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), perteneciente al Departamento de Justicia, esperen a inmigrantes en los pasillos de los tribunales para detenerlos después de perder sus casos.

En su resolución, Pitts concluyó que las acciones de ambas agencias carecían de una justificación adecuada.

“ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones, el Tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, en contravención de la APA (Acta de Procedimiento Administrativo)”, escribió el magistrado.

El juez fue nombrado por el expresidente Joe Biden durante su mandato entre 2021 y 2025.

Además de restringir los arrestos en los tribunales, el fallo también prohíbe a ICE mantener de forma prolongada a los inmigrantes detenidos en sus instalaciones de registro.

Críticas por arrestos en lugares sensibles

Como parte de su campaña de deportaciones masivas, la Administración Trump eliminó restricciones que limitaban los arrestos migratorios en los llamados “lugares sensibles”.

Entre estos espacios se encuentran hospitales, centros religiosos, escuelas y tribunales de inmigración.

Las detenciones realizadas dentro o cerca de las cortes migratorias generaron fuertes críticas por parte de organizaciones, abogados y familiares de inmigrantes.

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Las imágenes de arrestos ocurridos en medio de escenas de llanto y resistencia por parte de familiares y representantes legales se difundieron ampliamente y alimentaron el debate sobre las tácticas de aplicación migratoria.

La controversia también tuvo consecuencias en el funcionamiento de los tribunales.

Según registros judiciales, las comparecencias a las audiencias migratorias disminuyeron de forma considerable.

En muchos casos, los inmigrantes optaron por no acudir a sus citas por temor a ser arrestados.

Cuando una persona no se presenta a una audiencia, suele recibir una orden de deportación en ausencia.

Gobierno podría llevar el caso a la Corte Suprema

La prohibición original emitida por Pitts en diciembre pasado solo afectaba a la jurisdicción de ICE en San Francisco, que cubre el norte y centro de California.

Esa limitación respondió a una decisión de emergencia de la Corte Suprema que restringía la capacidad de los jueces para emitir prohibiciones de alcance nacional sin analizar previamente el carácter colectivo de las demandas.

La ampliación anunciada ahora extiende la protección a todo el territorio estadounidense, según Infobae.

La decisión fue criticada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

A través de un mensaje en su cuenta de X, DeSantis afirmó: “Este es otro ejemplo de jueces parciales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración”.

Se espera que el Gobierno Trump presente una apelación contra el fallo.

La disputa legal podría avanzar por distintas instancias judiciales y eventualmente llegar a la Corte Suprema, donde una mayoría de jueces conservadores tendría la última palabra sobre el alcance de esta política migratoria.