Washington endurece las visas y pone bajo presión a funcionarios latinoamericanos
Publicado el 28/09/2026 a las 18:41
- EE.UU. restringe visas latinoamericanas
- Bolivia concentra varios sancionados
- Colombia y Perú incluidos
Estados Unidos abrió un nuevo frente diplomático en América Latina al imponer restricciones de visa contra funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador señalados por Washington por presuntos actos de corrupción y otras actividades que, según el Gobierno estadounidense, afectan instituciones democráticas.
La decisión de la Administración de Donald Trump no se limita a cancelar documentos vigentes: algunos de los sancionados que actualmente no tienen visa fueron declarados inelegibles para obtenerla, ampliando el alcance de la medida.
Bolivia concentra buena parte de los nombres divulgados, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, además de otros integrantes del sistema judicial y policial.
El movimiento convierte el acceso a territorio estadounidense en una herramienta de presión diplomática y anticorrupción, en momentos en que Washington busca reforzar su estrategia regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Bolivia concentra las nuevas restricciones de visas de EE.UU.
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, revoca los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».https://t.co/DnWJTbDk9x
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026
Entre los bolivianos mencionados también aparecen el fiscal Martín Daniel Irusta, la jueza Albania Chane Caballero, el fiscal Alberto Zeballos y el coronel de policía Frans William Cabrera, dentro de una lista que incluye cargos actuales y anteriores.
En el caso de Mariaca, Washington lo señaló por presunta participación en hechos graves de corrupción y vinculó sus acciones con obstáculos a los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico y al fortalecimiento institucional.
La Administración Trump también declaró inelegibles para futuras visas a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen el documento, por lo que las consecuencias pueden extenderse a solicitudes posteriores.
La decisión adquiere especial relevancia por producirse mientras Estados Unidos fortalece iniciativas regionales de seguridad y cooperación contra organizaciones criminales, una prioridad que la Administración ha colocado en el centro de su relación con varios gobiernos latinoamericanos.
Colombia, Perú y Ecuador también aparecen en la ofensiva de Washington
En Colombia, las restricciones alcanzan al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), formación integrante de la coalición del Pacto Histórico.
En Perú, Washington incluyó al magistrado Juan Carlos Núñez, mientras que la medida también alcanza a ciudadanos ecuatorianos y familiares, aunque los reportes iniciales no identificaron públicamente todos sus nombres.
Las restricciones se apoyan, según la información divulgada, en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras facultades estadounidenses que permiten limitar el ingreso de extranjeros cuando Washington considera que existen motivos vinculados con corrupción u otras actividades contempladas por la legislación.
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La medida deja además una señal para otros dirigentes de la región: la política de visas está siendo utilizada por Washington como instrumento diplomático para sancionar conductas que el Gobierno estadounidense vincula con corrupción, narcotráfico o debilitamiento institucional.
Qué significan las restricciones de visas para los sancionados
Para las personas incluidas, el efecto más inmediato puede ser la imposibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos con una visa afectada o de conseguir una en el futuro, dependiendo de la designación aplicada en cada caso.
La decisión también puede alcanzar a familiares directos de algunos sancionados, aumentando el impacto personal de una herramienta que tradicionalmente ha formado parte del arsenal diplomático estadounidense.
La medida no equivale automáticamente a una condena penal en Estados Unidos: se trata de restricciones migratorias adoptadas por el Gobierno estadounidense sobre la base de las acusaciones y determinaciones anunciadas por sus autoridades.
Washington resumió su posición señalando que los funcionarios a quienes considera corruptos y las personas vinculadas con criminales no son bienvenidos en Estados Unidos, una advertencia que anticipa una política de visas más vinculada a las prioridades regionales de la Administración Trump.