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El Departamento de Justicia abre choque con jueces de Minnesota tras críticas a redadas migratorias

El DOJ presentó una queja contra jueces federales de Minnesota por declaraciones sobre redadas migratorias y pide apartarlos de casos.
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DOJ denuncia a jueces de Minnesota tras redadas migratorias
Foto WASHINGTON (USA), 30/09/2026.- Attorney General Todd Blanche (R) and Secretary of Homeland Security Markwayne Mullin (L) participate in a press conference at the Department of Justice in Washington, DC, USA, 30 September 2026. The Justice Department announced charges against 10 foreign nationals accused of illegally registering to vote and casting ballots in Minnesota elections, including the 2022 and 2024 general elections and the August 2026 primary. (Elecciones) EFE/EPA/SHAWN THEW
  • DOJ denuncia a siete jueces
  • Redadas migratorias provocan disputa
  • Piden recusación en casos DHS

El Departamento de Justicia (DOJ) abrió este miércoles un nuevo frente con la judicatura federal al presentar una queja por presunta conducta indebida contra jueces de Minnesota.

La denuncia surge después de que siete magistrados hablaran con The New York Times sobre la ofensiva migratoria desplegada en Minnesota y sus efectos sobre los tribunales.

Entre ellos aparecen Patrick Schiltz y John Tunheim, mientras otros jueces permanecen sin identificar formalmente en el documento presentado ante el Octavo Circuito.

El DOJ sostiene que algunos comentarios abordaron asuntos migratorios todavía pendientes y considera que esas declaraciones podrían comprometer la percepción pública de imparcialidad judicial.

DOJ denuncia a jueces de Minnesota tras redadas migratorias

¿Por qué importa?: El conflicto enfrenta directamente al Departamento de Justicia con jueces que supervisan litigios relacionados con la aplicación de las políticas migratorias.

El dato: Siete jueces hablaron con el periódico y seis de ellos tenían estatus activo durante el operativo migratorio del invierno pasado.

El proceso: El DOJ pidió al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito investigar las actuaciones denunciadas y examinar posibles recusaciones.

¿Qué pueden hacer?: Las personas con casos migratorios pendientes deben seguir las resoluciones de sus tribunales y buscar orientación profesional ante cualquier cambio procesal.

DOJ pide apartar a jueces de casos relacionados con DHS

La controversia tiene como origen un reportaje publicado el 17 de septiembre, para el cual Schiltz concedió una entrevista de aproximadamente 90 minutos.

Durante las entrevistas, magistrados describieron problemas ocasionados por el aumento de casos durante la operación migratoria y expresaron preocupaciones relacionadas con órdenes judiciales y el Estado de derecho.

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El fiscal general Todd Blanche argumentó que hablar públicamente sobre asuntos aún bajo consideración judicial representaría, según la posición del DOJ, una violación de las obligaciones éticas.

La denuncia solicita además que quienes participaron en esas conversaciones se aparten de asuntos relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Reglas éticas están en el centro de la disputa

El Código de Conducta para jueces federales establece que un magistrado no debe comentar públicamente sobre los méritos de asuntos pendientes o inminentes ante los tribunales.

Sin embargo, las propias normas contemplan que los jueces pueden hablar, escribir y participar en actividades relacionadas con la ley, el sistema judicial y la administración de justicia.

Schiltz rechazó la interpretación del DOJ y afirmó que actuó dentro de las reglas éticas, citando orientación que permite abordar cuestiones centrales para la judicatura y su independencia.

Por ello, la presentación de la queja no equivale a una determinación de culpabilidad: ahora corresponde al sistema disciplinario judicial evaluar las acusaciones formuladas por Justicia.

Redadas migratorias reavivan tensión entre DOJ y tribunales

El episodio ocurre después de meses de disputas judiciales vinculadas con la operación migratoria federal desplegada en Minnesota y el cumplimiento de órdenes emitidas por tribunales.

El DOJ sostiene que las declaraciones públicas generan dudas razonables sobre la imparcialidad de los magistrados cuando el DHS aparece como parte de los litigios.

Los jueces, por otra parte, pueden defender que hablar sobre independencia judicial y funcionamiento de los tribunales está permitido mientras no comenten indebidamente los méritos de casos pendientes.

El Octavo Circuito tendrá ahora que determinar cómo procede la queja, mientras el caso amplía el debate sobre los límites entre libertad de expresión judicial, imparcialidad y aplicación migratoria.

Fuentes: Efe, CNN.