Sanciones a la Corte Penal Internacional: la ley no puede valer solo cuando conviene

Las sanciones a la Corte Penal Internacional que anunció Estados Unidos el viernes 9 de octubre ponen a prueba una idea sencilla: la ley vale lo mismo cuando nos favorece que cuando nos incomoda. Si un país la aplica solo cuando le conviene, deja de ser estado de derecho y se vuelve una herramienta de poder.

• El Departamento de Estado incluyó a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en su lista de sanciones financieras. Hasta ahora solo había sancionado a jueces y fiscales.
• Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Japón rechazaron la medida en una declaración conjunta.
• Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discuten el lunes 12 de octubre cómo proteger a la Corte.

Por qué importa: la CPI juzga genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los países no pueden o no quieren hacerlo. Tiene 125 países miembros, entre ellos la mayoría de América Latina. Además, mantiene abierta una investigación sobre la represión en Venezuela, un caso que sigue de cerca la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Qué decidió Washington

"El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar la medida. "O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI". El Departamento de Estado añadió que espera que sus aliados que forman parte de la Corte, "muchos de los cuales dependen de militares estadounidenses para su defensa", la frenen.

La designación, basada en la orden ejecutiva 14203 firmada en febrero de 2025, prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con la Corte. Eso afecta pagos en dólares, bancos y servicios tecnológicos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro dio un margen: una licencia general permite pagar salarios, alquileres, seguros médicos y las cuotas de los países miembros hasta el 7 de abril de 2027. Washington dice que ese plazo es para negociar.

El argumento de fondo es real. Estados Unidos e Israel nunca ratificaron el Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte, y sostienen que esta no tiene autoridad sobre sus ciudadanos. La Corte responde que puede investigar crímenes cometidos en el territorio de sus miembros, sin importar la nacionalidad de los acusados. Con esa base emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza.

Cuando Washington acusa y castiga por su cuenta

Pero Estados Unidos no rechaza la idea de señalar a líderes extranjeros como criminales. Lo hace con frecuencia, solo que sin un tribunal independiente de por medio: el mismo gobierno acusa, decide y, en algunos casos, usa esa acusación para justificar acciones militares.

• Irán: Washington lo considera Estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y en 2019 designó a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista extranjera, la primera vez que aplicó esa etiqueta a una fuerza armada de otro país. En junio de 2025 bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva en la que murió el líder supremo, Alí Jamenei. Trump dijo que el objetivo era "eliminar amenazas inminentes del régimen iraní". El Congreso aprobó resoluciones que cuestionaban la falta de autorización para esa guerra, pero el presidente las vetó.
• Venezuela: la justicia estadounidense acusó en 2020 a Nicolás Maduro de narcoterrorismo. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado designó como organización terrorista al Cartel de los Soles, al que describe como encabezado por Maduro. Desde septiembre de 2025, el ejército estadounidense ha atacado al menos 68 lanchas que, según el gobierno, transportaban drogas, con al menos 223 muertos. Un relator especial de la ONU calificó esos ataques de "ejecuciones extrajudiciales". El 3 de enero de 2026, una operación militar capturó a Maduro en Caracas y lo llevó a Nueva York, donde se declaró no culpable.

Nada de eso convierte en inocentes a los gobernantes de Teherán o al chavismo, que reprimieron a su propia gente durante años. El punto es otro: cuando un solo país es a la vez fiscal y juez, y además tiene el ejército más poderoso del mundo, sus acusaciones no pasan por ningún filtro independiente antes de convertirse en bombas.

El dólar como arma política

Hay otro conflicto de interés, menos visible. Las sanciones contra la Corte funcionan porque el dólar es la moneda del mundo: está presente en el 89% de todas las operaciones de cambio de divisas, según el Banco de Pagos Internacionales, y representa el 56.7% de las reservas de los bancos centrales, según el Fondo Monetario Internacional. Casi cualquier banco del planeta necesita acceso al sistema financiero estadounidense, así que obedece las listas de sanciones de Washington aunque no tenga nada que ver con Estados Unidos.

Los efectos ya se vieron con las sanciones a funcionarios de la Corte en 2025. Al fiscal Karim Khan, ciudadano británico, le cerraron sus cuentas bancarias en el Reino Unido y Microsoft canceló su correo de la CPI, según la agencia AP. Una jueza canadiense contó que perdió de inmediato sus tarjetas de crédito.

El mundo confía en el dólar y en el sistema financiero estadounidense como una infraestructura común, casi neutral, como confía en las reglas del comercio o del transporte aéreo. Cuando el país que administra esa infraestructura la usa para presionar a un tribunal que investiga a sus aliados, mezcla su papel de árbitro con el de parte interesada. Y le da a otros países un motivo más para buscar alternativas al dólar.

Por qué Europa tiene razón en defender un tribunal

Por eso es legítimo que Europa, junto con América Latina y buena parte del mundo, haya creado y quiera sostener una corte permanente. En La Haya, las acusaciones las presenta una fiscalía, las revisan jueces de distintos países, la defensa tiene abogados, las pruebas se discuten en audiencia y hay apelación. Es un proceso lento e imperfecto, pero es un proceso. Al expresidente filipino Rodrigo Duterte, por ejemplo, la Corte lo sometió a una evaluación médica antes de decidir que puede ser juzgado.

Washington lo sabe. En marzo de 2023, cuando la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos, el entonces presidente Joe Biden dijo que la decisión estaba "justificada". Rusia tampoco es miembro de la Corte, y el argumento de la jurisdicción no pareció un problema en ese caso.

Lo mismo con Venezuela. En julio de 2026, la presidenta interina Delcy Rodríguez notificó la salida del país del Estatuto de Roma y el Departamento de Estado celebró la decisión. Pero la CPI investiga desde 2021 posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de protestas desde 2017, y la salida no detiene las investigaciones abiertas. Para las víctimas venezolanas, ese tribunal es una de las pocas vías que quedan.

Europa también tiene tarea pendiente

La coherencia también se le exige a Europa. En enero de 2025, Italia arrestó en Turín al libio Osama Elmasry Njeem, buscado por la CPI, y dos días después lo devolvió a Libia; la Corte declaró que Italia incumplió sus obligaciones. En abril de 2025, el entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, recibió a Netanyahu pese a la orden de arresto y anunció la salida de su país, una decisión que el gobierno de Péter Magyar revirtió en mayo de 2026.

Ahora los gobiernos europeos prometen defender la Corte. "Lamentamos y estamos firmemente en desacuerdo" con las sanciones, escribieron ocho cancilleres. "Haremos lo que sea necesario para defender a la CPI", dijo el primer ministro neerlandés, Rob Jetten. El canciller belga, Maxime Prévot, pidió activar el estatuto de bloqueo de la UE, una ley de 1996 que prohíbe a las empresas europeas acatar ciertas sanciones extranjeras. Pero las declaraciones no pagan salarios: Europa tendrá que decir qué banco procesará los pagos de la Corte después de abril de 2027.

La prueba de los tiempos difíciles

"La historia juzgará este momento", respondió la Corte en un comunicado. El anuncio llegó el mismo día en que la exjueza de la CPI Navi Pillay, de Sudáfrica, recibió el Premio Nobel de la Paz.

Un sistema de justicia que se respeta solo cuando acusa al enemigo no protege a nadie. Lo saben millones de latinos que llegaron a Estados Unidos huyendo de países donde los tribunales servían al poder de turno, y donde el gobierno decidía quién era criminal sin tener que probarlo. Si Washington puede declarar culpables a líderes extranjeros y actuar en consecuencia, es razonable que el resto del mundo quiera que esas acusaciones, las de todos, pasen por jueces independientes. La regla tiene que valer en las buenas y en las malas.

Qué sigue

• Lunes 12 de octubre: los ministros de Exteriores de la UE discuten la protección de la Corte, a pedido de Bélgica.
• Esta semana: el tema llega al Consejo Europeo, donde se decidirá si se activa el estatuto de bloqueo.
• 30 de noviembre de 2026: empieza en La Haya el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, la primera gran prueba de la Corte bajo sanciones.
• 7 de abril de 2027: vence la licencia que permite a la CPI pagar salarios y gastos básicos, salvo que Washington la extienda.

Fuentes: Departamento de Estado; Departamento del Tesoro (OFAC), licencia general 13; Corte Penal Internacional; Anadolu; Agence Europe; Servicio de Investigación del Congreso (Irán, 2026); BBC (ataques de junio de 2025); Departamento de Estado (Cartel de los Soles); AP (captura de Maduro); ABC News (informe de la ONU sobre ataques a lanchas); Banco de Pagos Internacionales; FMI (reservas, segundo trimestre de 2026); AP (efectos de las sanciones); CNN (Biden sobre Putin, 2023); Departamento de Estado (Venezuela, julio de 2026); Al Jazeera; CPI, decisión sobre Italia; The Guardian (Hungría); CPI (caso Duterte). Datos consultados el 11 de octubre de 2026.