Nuevo pacto migratorio de Trump para traslado de migrantes
Publicado el 29/12/2025 a las 16:53
Un nuevo convenio internacional vuelve a colocar la política migratoria de Estados Unidos bajo el foco internacional.
Esta vez, el escenario es el Pacífico occidental, donde una pequeña nación insular aceptó colaborar con Washington en el traslado de inmigrantes deportados que no pueden ser devueltos a sus países de origen.
El acuerdo se produce en el marco de la estrategia del presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones y reducir la presión sobre el sistema de asilo dentro de Estados Unidos, una de las promesas centrales de su regreso a la Casa Blanca.
El pacto entre Washington y Palau
The U.S. on Tuesday said Deputy Secretary of State Landau spoke to Palau President Surangel Whipps about transferring third-country nationals to the Pacific Island nation. pic.twitter.com/u6FiXtQuIC
— wR (@WeReporter) December 24, 2025
El gobierno estadounidense alcanzó un memorando de entendimiento con la República de Palau para trasladar hasta 75 inmigrantes deportados desde territorio estadounidense. A cambio, Washington destinará un paquete de ayuda económica valuado en 7.5 millones de dólares.
El convenio fue anunciado tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
El acuerdo permitirá que los llamados “nacionales de terceros países” —migrantes que no pueden ser repatriados a sus países de origen— vivan y trabajen de manera temporal en el archipiélago, siempre que no enfrenten acusaciones penales.
Mano de obra y necesidades locales
Palau cuenta con una población cercana a los 18,000 habitantes distribuidos en cientos de islas volcánicas y atolones de coral.
De acuerdo con el gobierno local, el país enfrenta una marcada escasez de mano de obra, situación que motivó la reapertura de conversaciones con Washington luego de que el Congreso palauano rechazara una propuesta similar a principios de año.
Las autoridades de Palau señalaron que los migrantes podrían cubrir vacantes en sectores clave de la economía local mientras sus solicitudes de asilo continúan en proceso. El presidente Whipps subrayó que cada caso será evaluado de forma individual por un grupo de trabajo nacional.
El uso de los fondos estadounidenses
Como parte del acuerdo, Estados Unidos destinará los 7.5 millones de dólares a fortalecer servicios públicos e infraestructura en Palau.
Según Christopher Landau, la ayuda incluirá la construcción de un nuevo hospital, mejoras en la capacidad de respuesta ante desastres naturales, apoyo a la estabilidad financiera y recursos adicionales para la aplicación de la ley.
El paquete también contempla fondos para reformas al sistema de pensiones del servicio civil palauano y la contratación de asesores en materia de seguridad.
La embajada de Estados Unidos en Koror confirmó que el acuerdo fue firmado oficialmente por el embajador Joel Ehrendreich y el ministro de Estado de Palau, Gustav Aitaro, durante una ceremonia celebrada esta semana.
Migración, legalidad y cuestionamientos
Desde enero, la administración Trump ha intensificado el uso de acuerdos con terceros países para gestionar deportaciones, una práctica que se ha extendido a regiones de África, América Latina y ahora el Pacífico.
Esta estrategia ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Uno de los principales señalamientos es que Palau no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que ha despertado dudas sobre las garantías legales disponibles para los solicitantes de asilo trasladados al archipiélago.
En Estados Unidos, un juez federal señaló recientemente que el gobierno no puede deportar de forma expedita a migrantes a países distintos del suyo sin una notificación adecuada ni la oportunidad de expresar temores de persecución o tortura.
Aun así, la Casa Blanca defiende el acuerdo como una medida necesaria para mejorar la seguridad interna y aliviar la saturación del sistema migratorio.
Para Palau, estrecho aliado de Washington desde su independencia en 1994 y vinculado a Estados Unidos mediante un Pacto de Libre Asociación, el acuerdo representa tanto una fuente relevante de recursos como un desafío político y humanitario.
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