Multas millonarias y riesgo de cierre: California apunta a centros privados de detención de ICE
Publicado el30/03/2026 a las 12:24
- Centros privados de detención de ICE
- Supervisión estatal obligatoria
- Denuncias por negligencia médica
California podría imponer multas de hasta 25,000 dólares diarios por cada violación a los derechos humanos en centros privados de detención migratoria.
La propuesta también abre la puerta a suspender o revocar licencias de operación si se comprueban abusos sistemáticos.
La medida surge tras denuncias sobre condiciones inhumanas en instalaciones operadas por The GEO Group y CoreCivic.
El caso de una mujer de 64 años detenida en 2025 se convirtió en el detonante político de la iniciativa.
Una ley que busca castigar abusos en centros privados
El proyecto SB 995, presentado en la Legislatura estatal el 5 de febrero, plantea un esquema de supervisión directa sobre centros de internamiento involuntario.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Sasha Pérez junto al asambleísta Mark González.
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De aprobarse, permitiría inspecciones físicas, médicas y de salud mental en instalaciones donde permanecen inmigrantes bajo custodia federal.
Además, establecería sanciones económicas contundentes por cada incumplimiento documentado.
El testimonio que encendió la alarma
Rhea Khan relató públicamente lo que vivió su madre, Masuma Khan, tras ser arrestada el 6 de octubre de 2025 durante una cita de registro en el edificio federal del centro de Los Ángeles.
Masuma, residente de Altadena y con casi tres décadas en Estados Unidos, permaneció casi un mes en el California City Detention Facility.
Un juez ordenó su liberación el 5 de noviembre, pero el impacto físico y emocional ya era profundo.
“Los derechos humanos no son un negocio”, declaró su hija al exigir reformas urgentes, según ‘MSN’.
Comida en mal estado y medicamentos negados
Durante su detención, Masuma no recibió sus medicamentos por semanas, según el relato familiar.
También denuncian que la alimentación era insuficiente y en ocasiones estaba en mal estado, incluyendo pan con moho o insectos.
La falta de atención médica habría provocado un deterioro visible: hinchazón en las piernas, dificultad para respirar y debilidad extrema.
La familia asegura que las solicitudes diarias para garantizar tratamiento fueron ignoradas durante semanas.
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Visitas marcadas por el caos y la insalubridad
Rhea y su padre recorrían 193 kilómetros para verla y, en ocasiones, se les negó la entrada tras horas de espera.
Describen salas de visita calurosas, sin ventilación y con presencia constante de moscas.
También denunciaron temperaturas internas extremadamente frías para los detenidos, quienes debían comprar suéteres si querían abrigarse.
Masuma llegó a usar calcetines como protección contra el frío, práctica que luego le fue prohibida.
Empresas bajo la lupa pública
Desde finales de 2025, The GEO Group opera cuatro centros de detención migratoria en California, incluidos Adelanto y Mesa Verde.
Estas instalaciones albergan personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Activistas y organizaciones comunitarias han cuestionado la naturaleza privada de estos contratos y el flujo de recursos públicos hacia las compañías.
Hasta el cierre de esta edición, ni ICE ni las empresas señaladas emitieron postura sobre la propuesta legislativa.
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“No son centros de procesamiento”
Shakeel Syed, director ejecutivo de South Asian Network, afirmó haber visitado instalaciones como California City y Adelanto.
Según su testimonio, las condiciones observadas son alarmantes y contrastan con la etiqueta oficial de “centros de procesamiento”.
Relató deficiencias en limpieza, logística de visitas y ausencia de mecanismos efectivos para presentar quejas.
También describió personal usando múltiples capas de ropa por el frío interno mientras los detenidos pedían mantas, señaló ‘Press Reader’.
Litigios y presión legal
Organizaciones como Public Counsel mantienen litigios por presuntas condiciones inhumanas en el centro de Adelanto.
En el caso Vázquez Perdomo v. Noem, se expusieron condiciones críticas en la instalación B-18 del centro de Los Ángeles.
Allí fueron recluidas personas detenidas durante redadas masivas iniciadas el 6 de junio de 2025.
Los demandantes sostienen que se negó atención médica y que las condiciones eran inseguras.
Rendición de cuentas y mensaje político
La SB 995 no solo se enfoca en centros migratorios, sino en todas las grandes instalaciones de internamiento involuntario en el estado.
De convertirse en ley, establecería un marco obligatorio de inspección y cumplimiento.
Sus promotores sostienen que enviaría un mensaje claro sobre la vigencia de los derechos humanos dentro y fuera de cualquier centro de detención.
Para familias como la de Masuma Khan, la iniciativa representa la posibilidad de que lo vivido no vuelva a repetirse, detalló ‘MSN‘ y ‘Press Reader‘.