Corte en California determina que DHS violó la ley y toma decisión
Publicado el 26/11/2025 a las 20:19
- Jueza cuestiona detenciones sin fianza
- Peticionarios obtienen audiencias legales
- DHS violó debido proceso
Por entender que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió el debido proceso y violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una jueza federal en California determinó que la Administración Trump no puede mantener a inmigrantes detenidos sin garantizarles una audiencia de fianza.
Este martes, la jueza Sunshine Sykes concedió la Moción de Certificación en la demanda de clase que encabezó Lázaro Maldonado Bautista.
La magistrada del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California tomó la decisión en respuesta a las alegaciones de los peticionarios de que la política del DHS era contraria a la ley.
“The class certified is defined as follows: Clase Elegible para Fianza: todos los extranjeros en los EE.UU. sin estatus legal que hayan ingresado o ingresen a los EE.UU. sin inspección; no hayan sido detenidos ni serán detenidos a su llegada;
Audiencia de fianza limita detenciones bajo política Trump
📌 Jueza federal determina que el gobierno de Trump no puede mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios.
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— Al Punto (@AlPunto) November 26, 2025
Y no estén sujetos a detención según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, al momento en que el Departamento de Seguridad Nacional tome la determinación inicial de custodia”, especifica la orden de Sykes.
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De acuerdo con el documento judicial, los demandantes llegaron a EE.UU. sin inspección.
Posteriormente, fueron arrestados y detenidos en un Centro de Procesamiento del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y un juez de inmigración les negó las audiencias de fianza, bajo el alegato de falta de jurisdicción.
¿Qué decidió la jueza Sykes?
❌Una corte federal en California certificó una demanda colectiva contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional por mantener detenidos, sin derecho a fianza, a inmigrantes que legalmente no deberían estar bajo detención obligatoria.
❌La jueza Sunshine S. Sykes determinó… pic.twitter.com/W8bE3aiYB2
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) November 26, 2025
La orden detalla que, al momento del arresto, a los peticionarios se les impuso la inadmisibilidad por motivos que no los sometieron a detención obligatoria.
Esa clasificación significa que no estaban dentro de las categorías de detención automática previstas en los artículos 1225(b)(1), 1226(c) o 1231 del Código de los Estados Unidos.
Aun así, permanecieron detenidos sin acceso a una audiencia de fianza.
El Tribunal intervino otorgando una orden temporal que permitió que los peticionarios recibieran audiencias individualizadas de fianza.
Ese punto fue clave para que la jueza Sykes certificara la clase y diera luz verde al avance del litigio colectivo.
¿Por qué importa esta certificación?
La certificación de clase implica que la decisión no solo aplica a los peticionarios individuales. Sino también a todas las personas que cumplen con las características definidas por la jueza.
Es decir, inmigrantes sin estatus legal que ingresaron sin inspección, no fueron detenidos al llegar y tampoco están bajo las categorías de detención obligatoria mencionadas.
La orden establece que esas personas tienen derecho a una audiencia de fianza cuando DHS toma la determinación inicial de custodia.
El caso pone en el centro del debate la práctica del DHS durante la Administración Trump de negar audiencias bajo el argumento de que los jueces de inmigración no tenían jurisdicción para otorgarlas.
La jueza Sykes consideró que esa interpretación violaba la INA y el debido proceso.
¿Quiénes son los peticionarios?
Además de Lázaro Maldonado Bautista, otros peticionarios en el pleito son Ananias Pasqual, Ana Franco Galdamez y Luiz Alberto de Aquino.
Todos ellos llegaron a Estados Unidos sin inspección, fueron arrestados posteriormente y enfrentaron la negativa a obtener una audiencia de fianza.
El caso continuará su curso en el Tribunal del Distrito Central de California ahora como una demanda de clase certificada, lo que amplía el alcance del litigio y fortalece la posición de los inmigrantes afectados por estas prácticas de detención.