Trump congela $810 millones y abre una batalla con el Congreso: una republicana cuestiona la legalidad
Publicado el 26/09/2026 a las 15:47
- Trump apunta a $810 millones.
- Collins cuestiona la medida.
- GAO rechaza rescisión presupuestaria.
La administración del presidente Donald Trump anunció el 25 de septiembre una nueva propuesta para cancelar alrededor de $810 millones previamente asignados por el Congreso, recurriendo a una estrategia conocida como “pocket rescission” cuando faltan pocos días para terminar el año fiscal.
La Casa Blanca presentó la medida como parte de sus esfuerzos para reducir lo que considera gasto gubernamental innecesario o perjudicial y aseguró que está utilizando facultades contempladas en la Ley de Control de Retención de Fondos, conocida en inglés como Impoundment Control Act.
El mayor componente identificado por la administración corresponde a $567 millones vinculados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), recursos relacionados con servicios para refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos que la Casa Blanca cuestionó al anunciar los recortes.
La decisión también alcanza recursos relacionados con otras áreas del gobierno federal. Más allá de los programas afectados, el enfrentamiento abre una discusión sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo para detener fondos que ya fueron autorizados mediante leyes aprobadas por el Congreso.
Susan Collins cuestiona la legalidad de la maniobra presupuestaria
The White House announced that it is rescinding more than $800 million in congressionally appropriated funds across a range of government programs. https://t.co/DLi8wULAJa
— ABC News (@ABC) September 26, 2026
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, se convirtió en una de las principales voces críticas dentro del propio partido del presidente y sostuvo que cancelar unilateralmente recursos asignados por el Congreso constituye una violación de la ley.
Collins señaló además que el Congreso recibió el paquete de aproximadamente $810 millones sin aviso previo y acusó a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de haber retenido deliberadamente recursos durante meses para facilitar la cancelación al acercarse el cierre del año fiscal.
La controversia gira alrededor del llamado poder del bolsillo: la Constitución concede al Congreso la facultad de aprobar las asignaciones federales, mientras corresponde al Ejecutivo administrar esos recursos conforme a las leyes vigentes. La Ley de Control de Retención de Fondos de 1974 regula cuándo pueden retenerse temporalmente partidas.
La GAO sostiene que las “pocket rescissions” no están permitidas cuando el calendario impide que el Congreso decida sobre la solicitud antes de que expiren los fondos. Según su interpretación, el Ejecutivo no puede utilizar el plazo de 45 días para convertir una propuesta de cancelación en una eliminación efectiva sin aprobación legislativa.
El plazo de 45 días está en el centro de la disputa
La ley permite al presidente enviar al Congreso un mensaje especial proponiendo cancelar determinados fondos y retener temporalmente esos recursos mientras los legisladores consideran la solicitud. En circunstancias normales, el Congreso dispone de hasta 45 días de sesión continua para aprobar una rescisión.
Si el Congreso no aprueba la cancelación durante ese periodo, la legislación establece que los recursos deben quedar disponibles para su utilización. El problema aparece cuando la solicitud llega tan cerca del vencimiento presupuestario que el dinero puede expirar antes de completarse ese procedimiento.
La GAO concluyó anteriormente que la ley no permite mantener retenidos fondos hasta su fecha de expiración únicamente mediante una propuesta presidencial de rescisión. Para la agencia, hacerlo permitiría al Ejecutivo reducir en la práctica el periodo durante el cual una asignación aprobada por el Congreso puede utilizarse.
La Casa Blanca sostiene una interpretación diferente y afirma que Trump está ejerciendo facultades presidenciales disponibles bajo la misma legislación. Esa diferencia jurídica coloca nuevamente frente a frente las interpretaciones del Ejecutivo y de la GAO sobre los límites de las retenciones presupuestarias.
Qué significa la disputa por los fondos federales
El enfrentamiento trasciende los $810 millones porque toca directamente la distribución constitucional del poder sobre el gasto público. La controversia plantea hasta qué punto un presidente puede detener recursos aprobados por legisladores cuando discrepa de los programas o considera que dejaron de ser necesarios.
La medida también podría provocar una respuesta en el Capitolio. Collins adelantó que trabajaría con otros legisladores para abordar las acciones de la administración, convirtiendo una disputa entre republicanos y demócratas en un conflicto que también genera objeciones dentro del Partido Republicano.
El antecedente inmediato ocurrió en 2025, cuando Trump utilizó nuevamente este mecanismo para intentar cancelar fondos. En aquel caso, la controversia llegó hasta la Corte Suprema, evidenciando que el alcance jurídico de estas acciones continúa siendo objeto de litigios y desacuerdos institucionales.
Para beneficiarios y organizaciones vinculadas con los programas afectados, la clave será observar la respuesta del Congreso y cualquier nuevo litigio. La disputa podría convertirse en otra prueba sobre los límites entre la autoridad presidencial para administrar el gasto y la facultad constitucional del Congreso para decidir cómo se asignan los recursos federales.