Deportaciones de Trump no cumplen metas pese a millonario gasto
Publicado el 19/04/2026 a las 18:26
- Metas incumplidas del DHS
- Altos costos por deportación
- Plan migratorio bajo crítica
El plan de deportaciones masivas impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato de Donald Trump enfrenta restricciones que afectan su implementación.
A pesar de los datos difundidos por el organismo, distintos factores limitan el alcance real de la política migratoria.
Las cifras oficiales muestran avances, pero también evidencian brechas frente a los objetivos establecidos por la administración.
Por qué importa: El desfase entre metas, resultados y costos pone en cuestionamiento la viabilidad del programa de deportaciones masivas.
Deportaciones masivas y metas incumplidas del DHS
Según cifras oficiales, más de 675 mil personas sin estatus legal fueron deportadas en el primer año de gestión.
La meta anual fijada por la administración era de un millón de expulsiones, lo que refleja un incumplimiento parcial.
Por otro lado, otras 2,2 millones de personas se autodeportaron, según datos del propio DHS.
El organismo sostuvo que su estrategia priorizó la expulsión de personas con antecedentes penales.
De acuerdo con la agencia, una parte significativa de los detenidos por ICE tenía cargos o condenas.
En operaciones recientes, se informó la detención de más de mil inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en 14 días.
Esto ocurrió bajo la Operación Honor del Ángel, amparada en la Ley Laken Riley.
También se reportaron arrestos vinculados a seguridad nacional, con deportaciones posteriores en la mayoría de los casos.
Para ampliar su capacidad, el DHS incrementó personal y firmó acuerdos con autoridades locales.
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Estas medidas incluyeron miles de nuevos agentes y la expansión de centros de detención en varios estados.
“La administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo la portavoz Abigail Jackson a CNN.
Costos y eficiencia del sistema
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado analizó el programa de traslados a terceros países.
El documento indicó que los costos fueron elevados en relación con la cantidad de personas trasladadas.
En algunos casos, el gasto por cada migrante superó el millón de dólares.
Además, se registraron transferencias de fondos a gobiernos extranjeros para aceptar deportados.
Sin embargo, el número de personas recibidas por esos países fue limitado.
El informe también señaló que algunos deportados regresaron posteriormente a sus países de origen.
Esto implicó costos adicionales de transporte y duplicó el gasto en ciertos casos.
Según el Comité, el total de gastos en estas operaciones superó los 40 millones de dólares hasta enero de 2026.
Pagos a terceros países y cuestionamientos
Del total, más de 32,3 millones de dólares fueron transferidos directamente a cinco países, según La Nación.
Estos fondos buscaban incentivar la recepción de migrantes no nacionales.
Guinea ecuatorial, Palau y Ruanda recibieron 7,5 millones de dólares cada uno.
Esuatini obtuvo 5,1 millones, mientras que El Salvador recibió 4,76 millones.
A pesar de estas inversiones, el número de deportados aceptados fue limitado.
El esquema ha generado cuestionamientos sobre su eficiencia y sostenibilidad.
“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países’”, habría dicho Marco Rubio, según CNN.
También señaló que cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para evitar nuevos cruces fronterizos.
Estas declaraciones reflejan el enfoque de la estrategia, pero también alimentan el debate sobre sus implicaciones.
En conjunto, los datos muestran que el plan enfrenta desafíos operativos, financieros y de alcance que condicionan su ejecución.