California demanda a Trump por control de oleoductos
Publicado el24/01/2026 a las 09:58
- California demanda a Trump
- Disputa por oleoductos
- Riesgo ambiental latente
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó este viernes una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La acción legal cuestiona la toma de jurisdicción federal sobre dos oleoductos terrestres ubicados en California.
Según la Fiscalía, esa asunción de control se hizo sin autorización legal previa.
Nueva demanda de California contra Trump por oleoductos
California sues the Trump administration over plans to restart oil pipelines along the coast https://t.co/JioaJZW1Av pic.twitter.com/eaeg8OAMpr
— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) January 24, 2026
El objetivo central de la demanda es impugnar órdenes emitidas por la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos, conocida como PHMSA.
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La Fiscalía sostiene que dichas órdenes son ilegales.
El caso tiene implicaciones directas para la actividad petrolera en la costa del condado de Santa Bárbara.
La disputa por la jurisdicción
The Trump Admin is illegally claiming authority over—and trying to restart—two CA oil pipelines that were shut down due to a devastating oil spill.
We’re suing to block them.
We will not stand idly by as the President endangers California’s beautiful coastline and our public… pic.twitter.com/47IZ4E68p8
— Rob Bonta (@AGRobBonta) January 23, 2026
La denuncia señala que la PHMSA “afirma ilegalmente jurisdicción exclusiva sobre dos oleoductos terrestres de California”.
De acuerdo con el escrito, esa afirmación desplaza la autoridad regulatoria del estado.
La potestad reclamada por la Administración federal permitiría reiniciar operaciones petroleras en la costa californiana.
En específico, a lo largo del litoral del condado de Santa Bárbara.
El fiscal Bonta busca frenar ese escenario mediante la demanda presentada.
La acción legal cuestiona la federalización de los oleoductos conocidos como Las Flores.
También impugna la aprobación del Plan de Reinicio de la empresa Sable Offshore Corp.
Además, la Fiscalía objeta la emisión de un permiso de emergencia otorgado a Sable.
Ese permiso permitiría reiniciar el transporte de petróleo por los oleoductos.
Según el comunicado oficial, estas decisiones buscan evadir la regulación estatal vigente.
Para la Fiscalía, la PHMSA intenta desplazar deliberadamente los controles de California.
Los argumentos legales del estado
California demanda a Trump por reactivar las perforaciones de petróleo frente a sus costas https://t.co/nYvzI8BcBU
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 23, 2026
La demanda fue auspiciada por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de California.
La Fiscalía argumenta que las órdenes de la PHMSA violan la Ley de Procedimiento Administrativo.
Ese marco legal regula cómo las agencias federales deben tomar decisiones.
El escrito solicita al tribunal que revoque las órdenes consideradas ilegales.
La Fiscalía sostiene que la PHMSA actuó fuera de sus competencias.
También afirma que se ignoraron procesos regulatorios previamente establecidos.
Los oleoductos en cuestión permanecen cerrados desde hace más de una década.
El cierre ocurrió tras un derrame de petróleo en Refugio Beach.
Esa playa se ubica en la zona costera de Santa Bárbara.
El derrame se produjo cuando un segmento corroído del oleoducto se rompió.
El incidente liberó cientos de miles de galones de petróleo en la costa.
Como consecuencia, se estableció un Decreto de Consentimiento.
En ese decreto participó la propia PHMSA.
El acuerdo reconoció el papel del Jefe de Bomberos del Estado.
También aprobó su autoridad para revisar cualquier plan de reinicio.
El trasfondo ambiental y las reacciones
La Fiscalía subraya ese antecedente como parte central de su demanda.
Sostiene que el decreto vigente limita las acciones actuales de la PHMSA.
Diversos grupos ambientalistas reaccionaron ante el intento de reinicio.
Afirmaron que más perforaciones generarían mayores emisiones contaminantes.
Según estos grupos, se liberarían más gases de efecto invernadero.
También insistieron en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.
Consideran que esa transición es clave para frenar consecuencias ambientales.
El conflicto combina elementos legales, regulatorios y ambientales.
La demanda busca mantener la autoridad estatal sobre los oleoductos.
También apunta a impedir un reinicio sin controles locales.
El tribunal deberá decidir sobre la validez de las órdenes federales.
Mientras tanto, los oleoductos continúan cerrados.
El resultado del caso podría definir el futuro de estas operaciones.
También podría sentar un precedente sobre jurisdicción y regulación energética en California