Universidades negocian en secreto con Trump para evitar castigo ejemplar
Publicado el 31/05/2025 a las 22:55
- Universidades negocian con Trump
- Riesgo de perder fondos
- Harvard rechaza acuerdos federales
Según informa CNN, universidades de prestigio en Estados Unidos están llevando a cabo negociaciones discretas con el gobierno de Donald Trump.
El motivo: evitar convertirse en el próximo objetivo de la ofensiva federal tras los ataques contra Harvard.
Las conversaciones tienen lugar con May Mailman, asesora política cercana al influyente Stephen Miller.
Miller es considerado el cerebro detrás de la actual estrategia contra las instituciones de educación superior.
Casa Blanca presiona con fondos
Su enfoque se centra en el presunto antisemitismo en los campus y en reformar políticas de diversidad.
La Casa Blanca ha lanzado advertencias económicas directas a varias universidades.
“Los fondos federales no seguirán fluyendo como antes”, afirmó un funcionario del gobierno.
Este mensaje ha generado inquietud en las rectorías de las universidades más reconocidas del país.
Riesgo creciente de sanciones económicas
La amenaza es clara: quien no reforme sus políticas podría perder apoyo financiero sustancial.
Además, el gobierno busca lograr un “acuerdo modelo” con una institución de renombre.
Este acuerdo incluiría compromisos en temas de antisemitismo, diversidad e iniciativas DEI.
Sin embargo, ninguna universidad quiere ser la primera en ceder públicamente.
Universidades en EE. UU. bajo presión
“Todos temen el costo reputacional de ser los primeros”, señaló una fuente cercana a las conversaciones.
A pesar de la resistencia, la presión financiera continúa aumentando cada semana.
Varias instituciones han reportado recortes presupuestarios y amenazas a sus programas de visas.
Harvard, por su parte, se ha convertido en el símbolo de esta confrontación.
Harvard resiste ofensiva gubernamental
Sufre investigaciones por antisemitismo, auditorías por fondos extranjeros y posibles reformas fiscales.
Una propuesta republicana plantea aumentar el impuesto sobre inversiones universitarias del 1.4 % al 21 %.
“Es algo que el público puede entender fácilmente”, dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon.
Aunque el gobierno asegura que actúa por motivos legales, su agenda es también política.
El trasfondo político de la ofensiva
La Casa Blanca cree que esta ofensiva le favorece electoralmente ante ciertos votantes.
Leo Terrell, líder del Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, coordina las acciones.
El grupo se reúne semanalmente y ya ha identificado a varias universidades como objetivos prioritarios.
Entre ellas están Harvard, Columbia, Northwestern, Cornell, Michigan y otras instituciones destacadas.
Más universidades investigadas por discriminación
Esta semana, la Universidad de California fue advertida de posibles demandas por discriminación religiosa.
El sistema universitario respondió que colabora con las autoridades y combate el antisemitismo activamente.
Según el Departamento de Educación, más de 70 universidades están bajo investigación.
Las pesquisas se amparan en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Autonomía académica en juego
Esa norma permite suspender fondos si se detecta discriminación por raza u origen nacional.
Aunque varias investigaciones comenzaron en la era Biden, el enfoque actual es más punitivo.
Harvard ha rechazado los intentos de la Casa Blanca de llegar a un acuerdo.
El gobierno, en cambio, busca nuevas formas de presionar económicamente a la universidad.
¿Negociar o resistir ante Trump?
“Esto no es un intento por destruir la educación superior”, aseguró un vocero oficial.
Otro funcionario fue más contundente: “Vamos a perjudicarlos económicamente”.
A pesar del clima adverso, universidades como Harvard y Columbia reportan récords de solicitudes.
Incluso votantes conservadores continúan enviando a sus hijos a las instituciones de la Ivy League.
Dilema moral en la educación superior
Este dato revela una contradicción entre la retórica política y las decisiones personales de muchas familias.
En medio del conflicto, las universidades enfrentan un dilema entre pragmatismo y principios.
Pueden optar por negociar y evitar sanciones, o resistir y arriesgar sus finanzas y prestigio.
Algunas instituciones han comenzado a contratar asesores políticos para manejar la crisis.